Suman y no acaban los argumentos sobre la AEE
La polémica sobre el jugoso salario que recibe el director de la Autoridad de Energía Eléctrica (AEE), Miguel Cordero, que incluye bonos de “productividad”, continúa ahora con las nuevas directrices del gobernador Luis Fortuño y termina en las excesivas facturas mensuales que reciben los consumidores.
Pero el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico (CIAPR) coincidió con la Unión de Trabajadores de la Industria Eléctrica y Riesgo (UTIER) de que parte de la carga por el Ajuste por Compra de Combustible recae en los subsidios otorgados por años y en los problemas que enfrenta la AEE, como el hurto de electricidad.
El presidente de la CIAPR, el ingeniero Ángel L. González, señaló que reducir el exceso de subsidios y minimizar la pérdida de energía por medio de hurtos o las líneas de transmisión ayudaría en gran medida a que los consumidores sientan un alivio en sus bolsillos a corto plazo.
De acuerdo al ingeniero, Juan F. Alicea, exdirector ejecutivo de la AEE, la formula que utiliza la dependencia para calcular el ajuste de combustible, uno de los cargos que aparece en la factura, es la misma desde el 1948 y ella cuenta con “variables técnicas, financieras y sociales”.
Alicea, quién también fungió como director de planificación y protección ambiental de la AEE, destacó que dentro de dicha partida se le añade un cargo al consumidor que corresponde al compromiso que tiene la AEE, por medio de legislación, de utilizar el 11% de sus ingresos brutos para sufragar “los subsidios dispuestos por ley, el programa de electrificación rural, las obligaciones del sistema de riesgo, el pago a los municipios y los fondos internos para el financiamiento del programa de mejoras permanentes”.
Ese 11% representa el 0.89 que se multiplica al estimado de la generación neta consumida por cada cliente y que a su vez se multiplica en una aportación que hace el abonado que corresponde a la eficiencia de la AEE y que puede variar dependiendo del nivel de voltaje utilizado en la transmisión de energía. Al final el resultado se divide por el precio del combustible, el cual Alicea explicó que varía dependiendo de la situación en el mercado. La cantidad obtenida es lo que se le cobra al abonado.
Debido a que gran parte de la fórmula se trabaja con cifras estimadas, Alicea observó que “si el valor estimado excedió el valor real, en la próxima facturación, habrá una devolución al cliente. Por el contrario, si el valor estimado resultó menor que el valor real, en la próxima facturación habrá que sumar esa diferencia”.
Alicea afirmó a NotiCel que existe la Ley 33 de 1985 que permite a un abonado levantar una querella contra la AEE si entiende que le han facturado de más. La dinámica es que la persona va a la AEE y presenta una querella. Luego se asigna a un examinador técnico externo para que realice una investigación y evalúe la querella. Mientras se lleva a cabo la investigación, al cliente no le pueden suspender su servicio de electricidad. Este personal examinador debe ser un ingeniero.
Alicea aseguró que en el tiempo que dirigió la agencia, la cantidad de abonados que se acogían a la Ley 33 “no eran cifras que se mencionaran a mi nivel”, o sea que eran relativamente mínimas. Cuando NotiCel le indagó si los abonados pudieran recurrir a esta medida para librarse del cargo del ajuste por combustible, Alicea precisó que las condiciones del mercado no parecen favorecedoras porque la AEE utiliza derivado de petróleo en vez de crudo, y el precio se ha disparado en los últimos años. No obstante, puntualizó que el examinador debe tomar en cuenta la condición del mercado y las otras variantes.
Ante esto, puntualizó Allicea que la alternativa que tienen los ciudadanos es “seguir presionando al Gobierno” para que, entre otras cosas, evalúe los incentivos y subsidios otorgados y que a la vez se estudien otras alternativas para costearlos.
Alicea dijo que entre las medidas a considerarse se evaluarán distintas fuentes de energía renovable, en la que destacó la tecnología océano termal. A su vez, manifestó que habrá que estudiar la energía que se pierde al ser distribuidas por las líneas de transmisión o que es hurtada por los ciudadanos.
De otra parte, González indicó que el CIAPR ha creado una Comisión para estudiar distintas alternativas que ayuden a reducir el costo energético en el país. Además, estarán realizando unas vistas públicas en el mes de octubre en las que podrán participar los 11,000 colegiados y representantes de la comunidad. El resultado del estudio que realiza la Comisión será traducido en propuestas que se presentarán a los candidatos a la gobernación en las próximas elecciones.
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